De todas formas, aunque esta normativa lleva ya años en vigor, está adquiriendo más relevancia últimamente. ¿El motivo? Que esta Ley 25/2013 representa un hito crucial en la modernización y la digitalización de los procesos administrativos y comerciales en España.
Esta legislación, a la que se conoce popularmente como Ley Crea y Crece, promueve la adopción de la factura electrónica, tanto en las relaciones comerciales y profesionales entre empresas privadas como en las transacciones con entidades públicas. Su objetivo, por tanto, es abandonar los métodos tradicionales basados en papel y migrar hacia soluciones digitales más eficientes y seguras.
O sea, un método de facturación que ofrece ventajas como estas:
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Reduce los costes administrativos propios de la facturación tradicional.
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Acorta el tiempo de procesamiento de facturas y documentos profesionales relacionados como los albaranes.
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Minimiza los errores humanos al automatizar facturas, ya que los datos se recogen, gestionan y almacenan automáticamente.
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Aumenta la trazabilidad de las transacciones comerciales, lo que es útil tanto para las propias empresas y autónomos como para la Agencia Tributaria en caso de auditorías.
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Facilita la interoperabilidad y mejora la comunicación entre empresas del sector público y privado.
Por todo ello, diríamos que la factura electrónica en España promueve la eficiencia, pero, además también impulsa la digitalización de la economía nacional en su conjunto. Al fomentar el uso de tecnologías, se sientan las bases para una transformación digital que abarque todos los aspectos de la actividad empresarial y administrativa.