¿Es obligatorio tener datáfono?

La duda puede surgir desde dos puntos de vista diferentes... Puedes ser el dueño de un negocio que se esté preguntando si es obligatorio tener un datáfono con el que ofrecer a sus clientes la modalidad de pago con tarjeta. O también puedes ser un cliente que se esté preguntando si el comercio en el que quieres hacer una compra está obligado a tener datáfono para que puedas pagar con tarjeta. Las variantes de estos dos escenarios son múltiples, aunque la duda sea la misma que este artículo intentará responder.

El uso del datáfono como método de pago se ha convertido en un hábito no solo en España, sino en el mundo entero. Y el motivo de esta popularidad es mucho más que comprensible, ya que estamos hablando de una solución segura y fiable para gestionar pagos. El TPV es un dispositivo que facilita las transacciones a la vez que mejora la experiencia del cliente.

Es necesario tener en cuenta que una de las grandes preocupaciones de los proveedores de datáfonos es precisamente su equipamiento con las tecnologías de seguridad más actualizadas. El cifrado de datos o el cumplimiento de las normas PCI son tan solo dos opciones a la hora de proteger la información sensible de las tarjetas y prevenir el fraude. La relación entre ambos conceptos no podría ser más clara: un datáfono seguro equivale a un cliente satisfecho.

La constante evolución y perfeccionamiento de los datáfonos ha provocado que, a día de hoy, existan diferentes tipos de terminales. Los más comunes son:

1. Datáfonos fijos. Son los más comunes en comercios estacionarios como tiendas y supermercados. Estos datáfonos requieren conexión directa a una línea telefónica o a Internet.
2. Datáfonos portátiles. Ideales para restaurantes, cafeterías o cualquier negocio que necesite llevar el dispositivo de pago al cliente. Funcionan mediante conexión Wi-Fi o mediante redes móviles.
3. Datáfonos móviles. Compactos y fáciles de transportar, estos datáfonos son perfectos para negocios itinerantes, como mercadillos o ferias. Se conectan a través de Bluetooth a un smartphone o tablet, utilizando una aplicación para gestionar los pagos.
4. Datáfonos integrados. Algunos sistemas de TPV incluyen datáfonos integrados que no solo manejan pagos con tarjeta, sino que también gestionan el inventario y el registro de ventas, todo en un mismo sistema.

En España, no existe ningún tipo de imperativo legal que haga obligatorio tener datáfono para ningún tipo de comercio. Esto significa que, si consideras que tu comercio no necesita este dispositivo para funcionar con normalidad, puedes prescindir de él perfectamente (sobre todo, si su coste te preocupa) e incluso optar por la tecnología Tap to Pay.

Ahora bien, sí que existen todo un conjunto de casos en los que, sin ser obligatorio, el datáfono es mucho más que recomendable:

• Comercios con alto volumen de clientes. En establecimientos como supermercados, grandes tiendas o centros comerciales, donde el flujo de clientes es constante y el volumen de ventas es alto, los datáfonos agilizan las transacciones y mejoran la experiencia del cliente.
  
  
• Negocios en zonas turísticas. Para comercios ubicados en áreas con alta afluencia de turistas, es recomendable contar con datáfonos porque muchos turistas prefieren pagar con tarjeta por cuestiones de seguridad y conveniencia.
  
  
• Empresas que ofrecen servicios a domicilio. Para negocios como pizzerías o empresas de catering que realizan entregas a domicilio, los datáfonos móviles permiten a los clientes pagar de manera cómoda y segura en el momento de recibir el servicio.
  
  
• Eventos y ferias. Durante eventos temporales como ferias, conciertos o mercados, tener un datáfono móvil facilita realizar ventas sin necesidad de manejar efectivo, lo que es práctico tanto para el vendedor como para el comprador.

En el lado opuesto del dueño del negocio que se pregunta si es obligatorio tener datáfono están los usuarios que se cuestionan si es legal cobrar solo con tarjeta y no ofrecer la posibilidad de pagar en efectivo o usando otros métodos alternativos. La respuesta es igual de tajante en este caso: en España, la legislación no prohibe específicamente que un negocio decida aceptar únicamente pagos electrónicos.

Ahora bien, exigir el pago con tarjeta de forma exclusiva puede limitar el acceso a los servicios ofrecidos para aquellos clientes que prefieran o necesiten pagar en efectivo. Además, aunque la ley no prohibe esta práctica, sí que establece que los comercios deben ofrecer medios de pago adecuados que no resulten discriminatorios ni excluyan a ningún segmento de la población.

Esto significa que rechazar el efectivo, siendo este un método de pago legal y ampliamente accesible, podría interpretarse legalmente como una forma de discriminación, especialmente en un contexto en el que no todos los clientes puedan tener acceso a las tarjetas de débito o crédito. Por este motivo, es recomendable para los negocios mantener una política de pagos flexible que incluya tanto tarjetas como efectivo. Y, si es posible, incluso más alternativas. Al fin y al cabo, el objetivo es que el cliente haga la compra sí o sí y la pague como mejor le convenga.

En España, el efectivo sigue siendo un método de pago legal y universalmente aceptado. Todo ciudadano tiene derecho a pagar en efectivo tanto por bienes como por servicios, y este derecho está respaldado por la normativa nacional que protege la libertad de elección del consumidor en cuanto a los métodos de pago.

La mencionada normativa legal existe para asegurar que ningún cliente pueda ser rechazado en un establecimiento comercial si decide utilizar dinero en efectivo siempre que este sea ofrecido dentro de los límites legales establecidos por la ley. Uno de estos límites, por ejemplo, sería no superar el importe máximo para pagos en efectivo.

Sin embargo, existen ciertas excepciones en las que los negocios pueden rechazar legalmente el pago en efectivo, especialmente en transacciones que superen ciertas cantidades. En estos casos, la ley impone ciertas restricciones para combatir el fraude y el blanqueo de dinero. Además, ciertos servicios específicos basados en procesos automáticos (como los peajes o cierto servicios de transporte, por ejemplo) pueden requerir el pago electrónico debido a su naturaleza tecnológica y operativa.

Respetar el derecho a pagar en efectivo no solo es una cuestión legal, sino también una práctica de inclusión financiera y accesibilidad. Un negocio que apueste por aceptar tanto efectivo como pagos electrónicos se posicionará como más accesible y orientado al cliente, lo que más que probablemente acabe traduciéndose como un beneficio económico.

En España no es común que el pago con tarjeta sea obligatorio pero, aun así, sí que existen ciertas circunstancias y tipos de negocios en los que este método de pago puede ser el único aceptado. Estos casos suelen estar relacionados directamente con la naturaleza del servicio o la infraestructura del negocio.

En la siguiente tabla puedes encontrar diferentes ejemplos en los que el pago con tarjeta puede ser obligatorio:

Es importante aclarar, sin embargo, que en ningún caso existe una obligatoriedad legal de aceptar solo pagos con tarjeta, sino que más bien nos encontramos ante prácticas comerciales basadas en la logística y la seguridad del servicio en concreto. O dicho de otra forma: aceptar exclusivamente pagos con tarjeta en estos casos está justificado porque son procesos que necesitan ser rápidos y seguros.

Que un establecimiento en España no disponga de datáfono puede limitar las opciones de pago para los clientes que prefieren o necesitan pagar con tarjeta. Aunque no es obligatorio para todos los negocios tener datáfono, la falta de este dispositivo podría influir en la decisión de compra de los clientes, especialmente en un mercado en el que el uso de tarjetas es cada vez más común. Los negocios que no ofrecen esta facilidad podrían estar perdiendo potenciales ventas y clientes, especialmente aquellos que no llevan efectivo encima.

En general, los comercios no pueden obligar a los clientes a pagar exclusivamente en efectivo, especialmente si publicitan que aceptan varios métodos de pago. Sin embargo, es legal que un negocio decida operar únicamente en efectivo, siempre y cuando esto sea claramente comunicado a los clientes antes de que se comprometan a realizar una compra. Esto debe considerar el cumplimiento de las normativas locales que promueven la inclusión financiera y la no discriminación en los métodos de pago.

En España, no existe una regulación específica que establezca un importe mínimo obligatorio para los pagos con tarjeta. Sin embargo, algunos comercios pueden establecer un mínimo para transacciones con tarjeta con tal de cubrir las comisiones que los bancos les cobran por cada operación. Esta práctica debe ser claramente comunicada a los clientes. Es importante que los consumidores sepan que tienen el derecho de cuestionar esta práctica si les parece que el mínimo establecido es demasiado alto o si no fue informado adecuadamente.

Pagar con tarjeta en un datáfono es generalmente seguro, ya que estos dispositivos están equipados con tecnologías avanzadas de seguridad como el cifrado de datos y los sistemas de autenticación de chip y PIN. Además, cumplen con normativas internacionales de seguridad de datos, como PCI DSS, que garantizan la protección de la información financiera del cliente contra el fraude y el robo de identidad.

Si un datáfono no funciona en el momento de realizar un pago, es recomendable contactar inmediatamente al personal del establecimiento para buscar asistencia. A menudo, el problema puede ser una simple cuestión técnica que se puede resolver rápidamente. Si el problema persiste, considera usar otro método de pago disponible o, si es posible, otro datáfono dentro del mismo establecimiento.

En España, los comercios tienen derecho a cobrar una comisión extra por el uso de tarjetas de crédito o débito, pero esta práctica debe ser claramente comunicada a los clientes antes de que se efectúe el pago. La comisión debe reflejar los costes reales asociados con el procesamiento de pagos con tarjeta y no debe ser excesiva, conforme a las regulaciones de protección al consumidor.